Rosatti calificó de “fuertemente condenable” la filtración de las conversaciones de la ex Presidenta con Oscar Parrilli.

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El juez de la Corte Suprema solicitó el control del Congreso.

En el marco de la persecución judicial a los candidatos de la oposición, el presidente Macri había ordenado traspasar el control de las escuchas desde el Ministerio Público Fiscal hacia la órbita del Poder Judicial, donde quedaron a cargo del juez Martín Irurzun. Desde entonces, los principales medios de comunicación han accedido y publicado, sin autorización, la filtración de las escuchas entre la ex Presidente Cristina Kirchner y su secretario, Oscar Parrilli.

Entre las acusaciones cruzadas también ha saltado el nombre de Gustavo Arribas, amigo de Macri a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia, que también recibe las grabaciones. El problema toma relevancia por la liviandad con la que los medios de comunicación divulgan información confidencial. Cabe recordar que la Revista Noticias ya tuvo problemas en 2015, cuando difundió un listado con el nombre de 138 agentes de inteligencia. El juez de la Corte se refirió al problema: “ahora, nada es garantía de nada y es muy condenable, fuertemente condenable lo que está pasando respecto de las filtraciones, la divulgación. No la divulgación en términos del periodista. El periodista hace bien, cuando he llamado a aclarar se ampara en una cláusula que nosotros colocamos en la reforma del 94, artículo 43, cuando habla del secreto de las fuentes de información. El problema está en la filtración. ¿De dónde viene la filtración? Y ahí entramos en un circuito sumamente peligroso“.

La discusión respecto a las filtraciones y sus responsables respondería a una interna entre el gobierno de Macri y el Poder Judicial, cada vez más evidente. El centro del conflicto radica en el manejo de las futuras reformas judiciales que quieren llevar a cabo, por lo que desde el Poder Ejecutivo atacan a los jueces ante cada fallo que no les favorece, y los jueces denuncian aprietes y extorsiones por parte de políticos y funcionarios oficialistas.

Rosatti remarcó que de continuar la falta de garantías, las escuchas deberían volver probablemente a la órbita del Ministerio Público Fiscal.

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