Nuestro mejor momento llego con Macri…

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Genocida Jorge Rafael Videla
En la mañana del lunes 23 de noviembre de 2015, horas después del ballotage que proclamó a la fórmula Macri – Michetti en la presidencia, el diario La Nación publicó en su matutino la editorial “No más venganza”, un llamado de contundente índole negacionista con objetivo de aventajar al flamante gobierno camino al freno de los juicios contra responsables de delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar. Sin firma de puño y letra, la redacción de Bartolomé Mitre diagnosticó las conquistas en materia de derechos humanos como una visión histórica revanchista por parte de Néstor y Cristina Kirchner y recupera el término de “guerra sucia”, entre otros. En un claro gesto a las nuevas autoridades, el texto cuestiona la permanencia en cárceles comunes y califica como “vergüenza nacional” a la cifra de condenados por tortura y desaparición fallecidos cumpliendo sentencia. Desde el macrismo no hubo respuestas públicas a dichas líneas, presuntamente ajenas a su pensamiento.
Desde los días iniciales de su mandato, el gobierno encabezado por Mauricio Macri marcó entre los puntos centrales de la agenda “del cambio” la normalización del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, reducida a tres miembros a partir de los alejamientos del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni a finales del 2014, y del longevo ministro Carlos Fayt el mismísimo 10 de diciembre de 2015, fecha inaugural del mandato Cambiemos, y tras el fallido tratamiento de los pliegos de Roberto Carlés a principios de ese año. Los nombres de Horacio Rosatti, exintendente justicialista de la ciudad de Santa Fé, y de Carlos Rosenkrantz, rector de la Universidad de San Andrés, rondaban la órbita de posibles postulantes para estos lugares; presunciones finalmente confirmadas el día 15 de diciembre mediante un controvertido decreto de necesidad y urgencia que puso la legitimidad del mecanismo en el centro de la discusión. El presidente asignó a Rosatti y Rosenkrantz como ministros de la corte en comisión, salteando el previo tratamiento en el Senado que prevee la constitución nacional. Esta imposición prendió las primeras chispas de la era Cambiemos hasta mediadios de marzo, donde finalmente la cámara alta aprobó los pliegos sin grandes reparos.
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Genocida Miguel Etchecolatz
En un año marcado por el ritmo de las investigaciones judiciales que pusieron cerco a Cristina Fernández de Kirchner y algunos otros dirigentes del Frente para la Victoria (por caso la expresión política opositora más reticente al modelo económico macrista) en los medios de comunicación se aceleraron sistemáticos avances por introducir la negacionista “teoría de los dos demonios” a la discusión pública, tomando como contrapunto la revisión de los años ’70 realizada por la anterior gestión. El diario La Nación se afianzó como el bastión editorial de la avanzada negacionista, con columnas de opinión que profundizaron el concepto y sustentaron lo que luego, a través de funcionarios públicos como el secretario de cultura porteño y nuero de Bartolomé Mitre (h), Darío Lopérfido, y el titular de la aduana y ex carapintada Juan José Gómez Centurión, cobró protagonismo en los paneles de debate televisivo : la discusión de la cifra oficial de detenidos desaparecidos. El rechazo de la sociedad a estas declaraciones y el clamor de la comunidad artística le costó a Lopérfido el puesto en la cartera de cultura. Sin embargo, ningún funicionario del gobierno de Cambiemos consultado salió a expresar su repudio público, y en muchos casos, se convalidó el manto de duda en torno a la cifra oficial.

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Genocida Oso Acuña
Mientras el asedio judicial a figuras de la oposición alcanzó a la titular de las Madres de Plaza de Mayo Hebe Pastor de Bonafini quien acompañada de militantes frustró un intento de detención arbitrario, en los medios de comunicación se aceleraron sistemáticos avances por introducir la negacionista “teoría de los dos demonios” a la discusión pública, tomando como contrapunto la revisión de los años ’70 realizada por la anterior gestión. El diario La Nación se afianzó como el bastión editorial de la avanzada negacionista, con columnas de opinión que profundizaron el concepto y sustentaron lo que luego, a través de funcionarios públicos como el secretario de cultura porteño y nuero de Bartolomé Mitre, Darío Lopérfido, y el titular de la aduana y ex carapintada Juan José Gómez Centurión, cobró protagonismo en los medios de comunicación : la discusión de la cifra oficial de detenidos desaparecidos. El rechazo de la sociedad a estas declaraciones y el clamor de la comunidad artística le costó a Lopérfido el puesto en la cartera de cultura. Sin embargo, ningún funicionario del gobierno de Cambiemos consultado salió a expresar su repudio público, y en muchos casos, se convalidó el manto de duda en torno a la cifra oficial de detenidos desaparecidos al ser consultados.
La apuesta por retrotraer un debate cicatrizado a lo largo de los años de reconstrucción de la democracia tiene eje en la asociación del gobierno de Cambiemos con distintos actores cómplices de la última dictadura militar en materia económica. Por citar algunos casos, la familia del jefe de Gabinete Marcos Peña Braun, investigados por el negocio irregular de sus empresas en el gobierno de facto; la familia Blaquier dueña del ingenio Ledesma de Jujuy, provincia donde permanece ilegalmente detenida Milagro Sala; el grupo Clarín de Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, y la propia familia presidencial cuyas empresas a cargo de Franco Macri se vieron beneficiadas con la resolución 480/161 del Banco Central que absorvía la deuda externa privada contraída a principios de los ochenta (firmada en aquel entonces por Carlos Melconian, saliente jefe del Banco Nación). Indudablemente, el retroceso institucional más grande en materia de D.D.H.H. lo marcó el presidente de la Nación al pronunciarse “ajeno” al debate de la cifra de desaparecidos consultado por una cadena internacional de Noticias, legitimando la línea discursiva del negacionismo.
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Genocida Roberto Armando Balmaceda
El pasado martes la Conferencia Episcopal Argentina pronunció un llamado a la “reconciliación” de lo ocurrido durante la última cívico-militar, convocatoria fuertemente rechazada por Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini y otros referentes de los principales organismos de DD.HH. Sin embargo, cumpliendo con el preocupante presagio, el siguiente miércoles 3 de mayo la Corte Suprema escribiría un capítulo oscuro en las páginas de la democracia argentina otorgando el beneficio de la ley 24.390, conocida como “2×1”, sobre Luis Muiña, condenado por la desaparición de trabajadores del hospital Posadas bajo la orden del brigadier Bignone a horas del golpe de Estado del ’76. Esta jurisdicción permite acelerar el cómputo de días detenidos sin sentencia firme a los investigados por delitos de lesa humanidad. Curiosamente, la mayoría que conformó este fallo estuvo compuesta por los jueces Rosatti y Rosenkrantz, los candidatos de Macri al tribunal supremo, y la doctora Highton de Nolasco, recientemente ratificada con el aval del ejecutivo. Este fallo rememora al espíritu de las derogadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida que bajo una construcción social  colectiva fueron superadas por las políticas de “Memoria, verdad y justicia”, ratificadas masivamente cada 24 de marzo en las calles e implementadas en nombre del Estado Nacional tras haber callado en más de 20 años en democracia.
También en nombre del Estado Nacional hoy están siendo impunemente violadas. Los que se repiten son los cómplices civiles.
Por: Lautaro Sanseverino

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